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Las Cortes franquistas aprobaron su disolución hace medio siglo tras intensa persuasión
Hace cincuenta años, las Cortes franquistas votaron a favor de la Ley para la Reforma Política, un paso clave para la Transición española, tras una compleja estrategia de convencimiento impulsada por el Gobierno de Adolfo Suárez.
El 18 de noviembre de 1976, las Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política, un acto que marcó el inicio de su propia disolución y que se conoce como el ‘harakiri’ del Régimen. La votación resultó en 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones, consolidando un paso fundamental para la Transición española.
La aprobación de esta ley no fue un proceso sencillo. El Gobierno de Adolfo Suárez mantuvo la incertidumbre hasta el final, consciente del riesgo de fracaso. Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y asesor jurídico de la Ley en aquel momento, señaló que las negociaciones en las Cortes fueron “nada fáciles”, dada la persistencia del franquismo un año después de la muerte del dictador.
Para asegurar el éxito, el Ejecutivo de Suárez implementó una estrategia de persuasión intensiva. Los miembros del Gobierno se repartieron la tarea de reunirse individualmente con los procuradores. José Manuel Otero Novas, entonces director general de Política Interior, relató haber trabajado el voto de unos sesenta procuradores, seleccionando a aquellos que consideraba más receptivos.
Durante estos encuentros, algunos procuradores de Alianza Popular (AP), liderados por Manuel Fraga, manifestaron su preferencia por un sistema electoral mayoritario. Otero Novas centró su argumentación en el sistema electoral, utilizando ejemplos concretos para convencer a los procuradores sobre las ventajas del sistema proporcional propuesto.
El apoyo del Rey Juan Carlos I fue otro pilar fundamental para la aprobación de la Ley. Según Otero Novas, el 80% de los votos favorables se debieron a este respaldo. Ana María Ruiz-Tagle, exdiputada del PSOE, destacó que la visión del monarca fue crucial para establecer contactos entre el Gobierno de Suárez y formaciones como el PSOE y el PCE, incluso en la clandestinidad.
Asimismo, el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, jugó un papel decisivo al proponer un procedimiento de urgencia y una votación nominal. Esta maniobra, conocida como el “torcuatazo”, permitió debatir la Ley directamente en el Pleno, evitando las comisiones. La votación nominal, en la que cada voto quedaba registrado, se eligió para prevenir un mayor número de votos negativos que podrían haber surgido en una votación anónima.
Tras la contundente aprobación en las Cortes, el Gobierno publicó un Real Decreto el 24 de noviembre, convocando un referéndum para el 15 de diciembre, con el fin de someter el proyecto de Ley a la decisión popular.
