Frente Amplio propone vetar 20 años a empresas corruptas de contratos públicos

Frente Amplio ha desvelado una serie de propuestas para la regeneración democrática, destacando la intención de prohibir durante 20 años la contratación con la administración pública a empresas implicadas en casos de corrupción. Además, la formación plantea extender de dos a diez años el veto para que los expresidentes del Gobierno puedan trabajar en el sector privado tras dejar su cargo.

Estas iniciativas fueron presentadas en un acto en Madrid por Ada Colau, candidata a la Presidencia de Frente Amplio para las próximas elecciones del 29N. Estuvo acompañada por Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Júlia Miralles, integrante de las listas por Barcelona, y el jurista Javier Pérez-Royo.

La exclusión de las empresas vinculadas a la corrupción se ejecutaría mediante reformas en la Ley de Contratos del Sector Público, específicamente en su artículo 72.6, y en el Código Penal, en el artículo 33.7. Esta prohibición se extendería también a las sociedades que formen parte de Uniones Temporales de Empresas (UTE). Asimismo, Frente Amplio busca retomar la creación de una agencia de prevención de la corrupción, una propuesta que no prosperó en el anterior mandato.

Ada Colau lamentó que la corrupción haya sido utilizada para “desprestigiar” la esfera pública y promover la “antipolítica”. La candidata afirmó que su formación no ha registrado casos de corrupción durante su gestión institucional y señaló que esta lacra afecta principalmente al “bipartidismo”, con una mayor incidencia en el Partido Popular, según su criterio. Colau también instó a poner fin a las “puertas giratorias”, que considera fomentadas por el bipartidismo, y a elevar la transparencia de las instituciones.

Por su parte, Júlia Miralles detalló la necesidad de recuperar una ley de integridad pública. Esta norma, según Miralles, contribuiría a que se levantara jurídicamente el velo societario, permitiendo identificar a los “beneficiarios finales” de las empresas y evitando que se oculten tras complejas tramas empresariales. Miralles también hizo hincapié en la importancia de reforzar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para mejorar los decomisos de bienes sospechosos de haber sido adquiridos ilícitamente.

Entre las medidas adicionales, Frente Amplio se compromete a impulsar una proposición de ley, ya registrada por Sumar en la legislatura anterior, para reformar la oficina de los expresidentes del Gobierno. El objetivo es retirar los recursos públicos, como oficinas y personal asistente, a aquellos expresidentes que inicien una actividad privada lucrativa. Finalmente, Colau apeló a la necesidad de implementar una ley de ‘lobbies’ en España.