Huelga del 11N: Más de 50 detenidos y 919 incidencias en España por acceso a vivienda y salarios

La huelga general celebrada este 11 de noviembre (11N), con reivindicaciones centradas en el acceso a la vivienda, la mejora salarial y la defensa de los servicios públicos, ha concluido con un balance de al menos 52 detenidos y 919 incidencias en toda España. Estos datos fueron recopilados por el Ministerio del Interior hasta las 17:00 horas de la jornada.

Del total de detenciones, 38 fueron realizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Madrid concentró 15 de estos arrestos, mientras que en Andalucía se registraron once (cuatro en Málaga, cuatro en Almería y tres en Granada). La Comunitat Valenciana sumó seis detenciones (cuatro en Valencia, una en Castellón y una en Alicante), y hubo dos en Zamora, junto con una en Navarra, Valladolid, La Rioja y A Coruña, respectivamente.

Las cifras del Ministerio del Interior no incluyeron los datos de Cataluña y el País Vasco, que fueron proporcionados por sus respectivas policías autonómicas. Los Mossos d’Esquadra informaron de un arrestado en Barcelona por la quema de contenedores la noche anterior a la huelga. Por su parte, la Ertzaintza comunicó 13 detenidos, tres investigados y más de 150 identificados.

Durante la jornada se reportaron momentos de tensión. Sindicatos denunciaron “violencia policial” tras el uso de gas pimienta contra piquetes en Mercamadrid y en el Metro de Granada. La Unidad de Intervención Policial (UIP) se desplegó en puntos clave como la Gran Vía de Madrid, donde algunos comercios optaron por cerrar ante la previsión de posibles altercados. En este lugar de la capital, fuentes policiales confirmaron dos detenciones por atentado a agente de la autoridad.

Otras detenciones se produjeron por motivos como la quema de contenedores y pintadas, con cuatro arrestos en Málaga, o por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad, con un detenido en La Rioja. Varios partidos de izquierda criticaron la “represión policial inaceptable”, afirmando que huelguistas fueron “agredidos, multados y detenidos de manera injustificada”.

Previamente a la huelga, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior había dictado una instrucción. Esta ordenaba a la Policía Nacional y la Guardia Civil planificar los dispositivos necesarios para permitir las protestas, al tiempo que se impedían barricadas o piquetes que recurrieran a la violencia. Asimismo, Interior había instruido garantizar la seguridad en infraestructuras críticas, polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento y pequeños establecimientos comerciales.