La Junta inicia el proceso para elaborar el modelo de financiación de las universidades andaluzas

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El Consejo de Gobierno ha acordado instar a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a elaborar el modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas para el periodo comprendido entre 2023 y 2027, que garantizará la suficiencia financiera e incrementará la excelencia y la competitividad académica e investigadora de todo el sistema. La previsión es que ese diseño esté aprobado a lo largo del próximo ejercicio 2023.

Desde el inicio de esta legislatura, el Gobierno andaluz trabaja en la elaboración de un instrumento de financiación. Para ello se han mantenido un primer contacto con los rectores, vicerrectores, agentes económicos y sociales y con representantes de los estudiantes con el objetivo de contar cuanto antes con un nuevo diseño consensuado con todos los representantes de la comunidad universitaria. Ahora, tras la autorización formal del Consejo de Gobierno, se producirá una reunión el próximo viernes, 18 de noviembre, con los rectores para avanzar en el proceso.

Durante los últimos meses se han producido circunstancias excepcionales a escala internacional y nacional. Esa situación ha provocado una subida descontrolada de los precios energéticos o un incremento histórico de la inflación, lo que ha afectado gravemente a los gastos corrientes que han de asumir las universidades públicas andaluzas. En el capítulo energético, se trabaja para ayudar al sistema público universitario en la búsqueda de soluciones con el fin de reducir la factura de la luz.

El modelo 2023-2027 determinará la forma en que se distribuirá entre las diez instituciones académicas la cifra global recogida para este fin en el Presupuesto de la Junta de Andalucía. Para ello se atenderá a los principios básicos ya recogidos en la propia Ley Andaluza de Universidades: suficiencia financiera, integridad del sistema educativo andaluz, corresponsabilidad de las instituciones académicas en la obtención de recursos para su financiación o convergencia de la situación financiera de todo el sistema público. También se incentivarán las reformas en las universidades a través de los contratos programa, que serán negociados con cada una de ellas.

Previamente al modelo actual, las diez universidades públicas no han contado con un sistema planificado de financiación. El último diseño adoptado data de 2007, que se ha venido tomando como referencia desde entonces mediante sucesivas prórrogas, por lo que Andalucía ha carecido durante años de un reparto de recursos actualizado que pudiera dar respuesta a las necesidades de la comunidad universitaria, generando graves problemas de financiación en algunas universidades.

El sistema público universitario cuenta para el ejercicio 2022 con un presupuesto superior a 1.581 millones de euros, que garantiza la suficiencia financiera de todas las universidades. Esos fondos se han configurado a partir del presupuesto prorrogado de 2021, que ascendía a unos 1.515 millones de euros, y de dos inyecciones excepcionales. La primera partida, de 44,6 millones, se transfirió a principios de año, y la segunda, de 21 millones, será abonada antes de final de 2022. Ese importe da cumplimiento al acuerdo del pasado mes de abril con los rectores.

Esta cantidad engloba 65,6 millones de euros más, que convierten al presupuesto de 2022 en el mayor que han recibido estas instituciones académicas. A esta cifra hay que sumar lo aportado por el Ejecutivo autonómico en proyectos de investigación y formación de personal investigador, así como en infraestructuras singulares universitarias.

Vías de financiación de las universidades

El grueso de los fondos de los que disponen las universidades públicas andaluzas lo constituye la financiación pública ordinaria, que se nutre de las transferencias de la Junta de Andalucía y viene fijada anualmente por las decisiones presupuestarias que adopta el Parlamento andaluz.

Además de esta fuente de recursos, las instituciones académicas andaluzas cuentan con ingresos adicionales tanto públicos como privados. Entre los de carácter público, destacan los ingresos procedentes de programas competitivos (proyectos de investigación, becas, ayudas para equipamiento, etc.) y los fondos de carácter privado incluyen las cuantías derivadas de tasas y matrículas, cursos, convenios, contratos, donaciones, gestión patrimonial y financiera, así como de la transferencia del conocimiento, vía contratos de investigación, entre otros.

Fuente: Junta de Andalucía

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