Más de 847 millones para iniciar los nuevos modelos de Justicia y Administración Pública en Andalucía

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El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha presentado en comisión parlamentaria las líneas principales del presupuesto de su departamento para 2023, que asciende a 847.017.396 euros. Para Nieto, se trata de unas cuentas «equilibradas» que permitirán «empezar a construir el nuevo modelo de Justicia y de Administración Pública en Andalucía y un nuevo marco de relaciones con las administraciones locales» dado su «marcado carácter municipalista».

Nieto ha destacado que las cuentas de su departamento reflejan propuestas y reclamaciones de los operadores jurídicos y sindicatos fruto del diálogo mantenido con ellos desde el inicio de la legislatura. Y ha reconocido que «nos gustaría que fuesen mayores pero somos solidarios y entendemos que la prioridad tiene que ser la sanidad, la educación y los servicios sociales pero son suficientes y tenemos que hacerlos mejores con la gestión más profesional y eficiente posible».

El consejero ha lamentado que, tras 25 años desde que las competencias en Justicia fueron trasferidas a la comunidad autónoma, ha faltado planificación para diseñar un modelo de Justicia en Andalucía. «Cuando no hay planificación o las inversiones responden a intereses particulares o partidistas, los resultados son desastrosos», ha señalado. Por ello, ha defendido el diseño de la Estrategia Justicia en Andalucía 2023-30 para guiar las inversiones en infraestructuras judiciales.

El objetivo es crear una red de ciudades de la Justicia en las capitales, un segundo anillo de sedes para las ciudades medias y las obras y reformas necesarias para los partidos judiciales más pequeños. En este sentido, las cuentas del próximo año prevén 11 millones de euros para proyectos como las ciudades de la Justicia de Sevilla, Jaén, Cádiz o Lucena y actuaciones en todas las provincias entre las que destacan las obras para las sedes de Huércal Overa (Almería), Órgiva (Granada), Algeciras (Cádiz), Villacarrillo (Jaén), Torremolinos (Málaga) o Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Asimismo, se destinarán 25 millones de euros a avanzar en la digitalización de la Administración de Justicia, ya que el consejero ha confiado en que 2023 sea el año de la plena implantación del nuevo @driano llamado a ser «el mejor sistema de gestión procesal».

Nieto ha defendido que en materia de Justicia, con un total de 680 millones (un 23% más que en 2018), son unos «presupuestos equilibrados, hay ladrillo pero también atención a las personas» porque «necesitamos reformas para un sistema judicial ágil, sostenible y humano».

En este sentido, además de las inversiones en infraestructuras judiciales, se contemplan mejoras para el personal que trabaja en la Administración de Justicia como la reordenación e incremento de efectivos que supone el despliegue de la nueva Oficina Judicial y Fiscal y la subida de las retribuciones para los abogados y procuradores del turno de oficio, tras 14 años congeladas. Desde enero se incrementarán un 4% más y durante el año se aprobará la nueva orden de baremos que supondrá aumentos de entre el 15 y el 20%. Y ya se han reservado 3,8 millones de euros para dotar de personal las 14 nuevas unidades judiciales que el Ministerio acaba de anunciar que se crearán en la comunidad entre el 31 de diciembre y el primer semestre de 2023.

Pero también se busca una «humanización» del sistema judicial desde el punto de vista de la ciudadanía, ya que se incrementa en un 75% el presupuesto para el Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía (SAVA) y los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), que hacen una «labor encomiable» para atender a víctimas especialmente vulnerables como las mujeres que sufren violencia de género o los menores.

Colaboración con los ayuntamientos

En materia de Administración Local, con un presupuesto de 80,2 millones, el consejero ha explicado que «el reto que nos más planteamos es más sustantivo que económico y pasa por fijar un nuevo marco de relaciones con las entidades locales» basado en el «respeto y la confianza» y favoreciendo la simplificación administrativa para los ayuntamientos.

Nieto ha defendido el «marcado carácter municipalista» de las cuentas de la Junta de Andalucía, en las que por primera vez el Plan de Cooperación Municipal supera los 2.000 millones de euros y donde de nuevo se sube la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), que estuvo siete años congelada, hasta alcanzar los 520 millones.

En lo que respecta a la consejería, ha destacado el «esfuerzo» para incrementar la partida destinada al próximo Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) hasta superar los 64,5 millones y ha confiado en que el Estado corresponda a ese esfuerzo y suba la aportación al mismo. «Nos adelantamos, ya que otros años había que hacer modificaciones presupuestarias», ha defendido.

También ha explicado que se van a reordenar las líneas de subvenciones de la consejería a las entidades locales «que pasan de tres a dos para ser más eficientes y atender necesidades urgentes que no se ven atendidas desde otras partidas del Plan de Cooperación Municipal». En concreto, se convocarán subvenciones para los municipios afectados por catástrofes naturales y para luchar contra la despoblación, con un fondo previsto de más de 6,7 millones de euros. A ello se unen los 2,5 millones de financiación incondicionada para las Entidades Locales Autónomas (ELA) reconocidos por ley.

Nieto también ha hecho hincapié en el apoyo de la Junta a los ayuntamientos para sumarse al tren de la administración electrónica gracias a cep@l, que pone a su disposición la posibilidad de tramitar 600 procedimientos de manera digital unificados para que sean iguales en todos los municipios y con total seguridad jurídica. Para mantener este catálogo electrónico de procedimientos de la administración local permanentemente actualizado, se ha iniciado la tramitación del contrato de los servicios necesarios por un importe de 1,1 millones de euros.

El reto de desplegar la Ley de Función Pública

Si en materia de Justicia la consejería está inmersa en el diseño de un modelo para Andalucía, la Ley de Función Pública que se tramita actualmente en el Parlamento -tras superar el debate inicial sin enmiendas a la totalidad- será la hoja de ruta para crear el nuevo modelo de Administración Pública. Nieto ha defendido que se trata de una norma que «va a ser muy exigente con la Administración» y que viene a responder a las necesidades y reclamaciones históricas de los funcionarios como el desarrollo de la carrera profesional.

La ley implantará una cultura de la evaluación del desempeño que valore la implicación y el esfuerzo, para captar y retener el talento, y fomentará la formación continua, con el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) como gran referente.

Nieto ha apostado por «atender a los funcionarios no como números o códigos, porque a ellos les pedimos que presten los servicios públicos centrándose en las personas».

En definitiva, humanización, coordinación administrativa, eficacia y eficiencia son los criterios que guían los presupuestos de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para dar el mejor uso a los recursos disponibles.

fuente: juntadeandalucia.es

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